* La ley aún debe discutirse y aprobarse en el Congreso capitalino

Por Juan Perdomo

Justas, Razonables y Asequibles. El objetivo principal es proteger a más de 2 millones de capitalinos que viven en renta, limitar los aumentos anuales al nivel de la inflación (según el INEGI) y frenar la gentrificación en zonas como Condesa, Roma Norte y Sur, Juárez y Centro Histórico.

“Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio y también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad”, expresó Brugada Molina.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina indicó que con el envío de la iniciativa se busca elevar a rango constitucional un conjunto de reformas en materia de vivienda en renta y dar así la mayor protección jurídica posible.

“Blindamos el horizonte compartido, de caminar hacia una ciudad más justa, habitable y asequible. Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”, explicó.

La propuesta incluye crear una Defensoría de los Derechos Inquilinarios para mediar entre arrendadores y arrendatarios, y obliga al gobierno a impulsar más vivienda social y asequible. Brugada la describe como una reforma de “vanguardia mundial” que busca equilibrio sin afectar a los propietarios.

El contexto: Gentrificación y rentas disparadas
En colonias como la Condesa, Roma y Centro Histórico, la gentrificación ha transformado barrios tradicionales en destinos atractivos para extranjeros y profesionales con altos ingresos. La demanda de departamentos por parte de personas que pagan en dólares (o equivalentes altos) ha impulsado subidas de renta muy por encima de la inflación y los salarios locales. Entre 2019 y 2024, en estas zonas las rentas subieron más del 70% en algunos casos, mientras que la oferta de vivienda en renta se ha visto presionada por plataformas como Airbnb y la inversión inmobiliaria especulativa.

Muchos propietarios de departamentos en estas colonias han aprovechado esta dinámica para ajustar rentas con frecuencia (incluso cada pocos meses o anualmente con incrementos fuertes), lo que beneficia sus ingresos, pero desplaza a inquilinos de ingresos medios o bajos, que se ven obligados a mudarse a la periferia.

La ley podría beneficiar indirectamente a algunos propietarios al:
• Reducir conflictos y desahucios abusivos mediante la Defensoría, que regularía relaciones y obligaría a registrar contratos. Esto daría más seguridad jurídica.
• Evitar subidas “desmedidas” que generen tensiones sociales o protestas, manteniendo un mercado más estable a largo plazo.
• Combinarse con políticas de vivienda social, lo que en teoría podría aumentar la oferta general y reducir presión en zonas saturadas.

Sin embargo, el beneficio principal que se menciona —evitar que “suban cada año o menos”— es en realidad una limitación fuerte: los incrementos quedarían capped a la inflación. En zonas de alta demanda como Condesa o Roma, donde el mercado permite subidas mucho mayores (por la llegada de inquilinos extranjeros que pagan en dólares), esto representa una restricción clara al retorno de la inversión. Propietarios que compraron o remodelaron esperando valorización y rentas de mercado podrían ver reducidos sus ingresos reales con el tiempo, especialmente si la inflación es baja.

Muchos propietarios y analistas del sector inmobiliario critican la iniciativa porque experiencias internacionales con controles de renta (Berlín, Barcelona, Nueva York) muestran efectos negativos frecuentes:
• Reducción de oferta: Propietarios pueden retirar viviendas del mercado de renta (vendiendo, convirtiendo en uso propio o dejándolas vacías a la espera), lo que agrava la escasez y, paradójicamente, puede presionar precios en el segmento libre.

• Menos mantenimiento e inversión: Con rentas capped, hay menor incentivo para remodelar o mantener departamentos en buen estado, lo que deteriora el parque habitacional con el tiempo.
  • Impacto en colonias gentrificadas: En Condesa, Roma y Centro, donde muchos departamentos se rentan a extranjeros en dólares, la ley frenaría la capacidad de ajustar a precios de mercado. Esto perjudica a propietarios que dependen de esos ingresos altos para cubrir hipotecas, impuestos o plusvalía.
  • Desincentivo a nueva construcción: Desarrolladores podrían preferir otros usos o ciudades si ven limitada la rentabilidad del alquiler.

Críticos argumentan que la gentrificación no se resuelve solo controlando rentas, sino aumentando la oferta de vivienda (pública y privada) y regulando mejor el turismo de corta estancia. Históricamente, controles estrictos han contribuido en algunos casos a despoblamiento o abandono de inmuebles en zonas centrales.
¿Equilibrio real o intervención excesiva?

La propuesta busca “equilibrio” al combinar tope a rentas con más vivienda social y una Defensoría que proteja también a arrendadores. Sin embargo, elevarlo a rango constitucional le da un peso fuerte y genera dudas sobre su aplicación práctica: ¿cómo se definirá “renta justa” en zonas de alta plusvalía? ¿Habrá excepciones por mejoras o ubicación?.

Para inquilinos locales en Condesa, Roma o Centro, la medida puede ser muy beneficiosa al evitar desalojos por aumentos abusivos y preservar arraigo comunitario. Para propietarios que rentan en esas colonias, el balance tiende a ser más negativo en el corto plazo, ya que limita la captura de la demanda extranjera y de mercado alto.

La ley aún debe discutirse y aprobarse en el Congreso capitalino. Su éxito dependerá de cómo se implemente el registro de contratos, la mediación y, sobre todo, si el gobierno cumple con aumentar significativamente la oferta de vivienda asequible. Sin esa última parte, el control de rentas podría generar más distorsiones que soluciones.

En resumen, en colonias gentrificadas la iniciativa protege más a quien renta que a quien renta su departamento, al sacrificar parte de la flexibilidad de precios de mercado por estabilidad social. El debate está abierto: ¿prioridad al derecho a la vivienda o a la propiedad privada y la inversión? La experiencia de otras ciudades sugiere que medidas así reducen precios temporalmente, pero pueden contraer la oferta si no van acompañadas de incentivos reales para construir más.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​