Toluca, Estado de México — El diputado local Octavio Martínez Vargas presentó este lunes una iniciativa para reformar el Código Penal estatal con el propósito de reconocer como delito la fabricación de imputaciones. La propuesta surge en un contexto donde diversas organizaciones civiles y estadísticas oficiales señalan que más de 15 mil personas podrían estar privadas de su libertad de manera injusta en las 22 prisiones de la entidad.

El proyecto legislativo contempla sanciones no solo para quienes falsifican pruebas o documentos judiciales, sino también para quienes ordenan o facilitan la creación de delitos. La iniciativa busca reducir prácticas que, según señalamientos de colectivos ciudadanos, se traducen en detenciones arbitrarias motivadas por corrupción policial, conflictos personales o presiones internas sobre ministerios públicos.

Una problemática persistente

El Estado de México alberga la mayor población penitenciaria del país, con más de 33 mil personas privadas de libertad, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal. Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado irregularidades frecuentes en los procesos judiciales, que incluyen detenciones sin fundamentos sólidos, pruebas científicas insuficientes, confesiones obtenidas bajo coerción y testigos fabricados.

La cifra de 15 mil personas inocentes señalada por el legislador representa cerca de la mitad de la población en los centros penitenciarios mexiquenses, lo que evidencia un desafío estructural en el sistema de justicia. Organizaciones como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos han destacado que gran parte de las víctimas de estas prácticas son jóvenes, mujeres y personas en situaciones vulnerables.

Detalles de la propuesta

La iniciativa plantea que funcionarios como policías, agentes ministeriales y jueces puedan enfrentar procesos penales si se comprueba que participaron en la fabricación de delitos. Según Martínez Vargas, la medida busca revertir la desconfianza en las instituciones y garantizar que quienes cometen este tipo de conductas sean sancionados, en lugar de sus víctimas.

Recientemente, el legislador señaló que uno de los objetivos del nuevo Poder Judicial del Estado de México es que ninguna persona inocente permanezca en prisión y que la justicia sea accesible para todos los ciudadanos de la entidad.

Consideraciones y retos

Especialistas en derecho penal advierten que la sola tipificación de la fabricación de delitos no será suficiente sin mecanismos efectivos de supervisión interna y judicial, así como garantías de independencia para los órganos de impartición de justicia. De lo contrario, existe el riesgo de que la figura legal quede limitada o se aplique de manera irregular.

La propuesta se presenta en un momento en que la confianza de la población en la policía y el sistema judicial se mantiene baja. Datos del INEGI indican que aproximadamente el 70% de los mexiquenses desconfía de la policía estatal y ministerial, mientras que 63% percibe al sistema judicial como corrupto.

Si se aprueba, el Estado de México se convertiría en pionero en legislar un tipo penal específico contra la fabricación de delitos, lo que podría motivar un debate a nivel nacional sobre la necesidad de adoptar medidas similares en otras entidades.

Antecedentes ciudadanos

Organizaciones como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos han promovido diversas movilizaciones en Toluca, incluyendo su primera acción en octubre de 2023, con el objetivo de visibilizar la situación de personas condenadas injustamente y demandar una revisión de casos de falsos culpables.