* Críticos como Gustavo Ortiz Millán, en estudios éticos, argumentan que el modelo de “consentimiento tácito” —donde todos son donadores salvo oposición expresa

Por Marco Antonio García Blas

Ciudad de México.-  La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su profunda preocupación por la situación crítica de los órganos humanos para trasplantes en México, donde miles de pacientes esperan en listas interminables debido a carencias en la extracción y trabas legales que obstaculizan el proceso. En un contexto donde el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) reporta más de 20 mil personas en espera de un trasplante, Sheinbaum anunció que se impulsarán acciones para aclarar y simplificar los trámites, con el fin de fomentar una mayor cultura de donación y garantizar un acceso equitativo y transparente a estos procedimientos vitales. Esta declaración se da en medio de un llamado urgente a superar las barreras que impiden que la generosidad de muchas familias se traduzca en salvavidas efectivos.

Durante una conferencia reciente, la mandataria federal resaltó la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Donación y Trasplantes (SNDT), destacando que pese a los avances en infraestructura hospitalaria —como los 31 nuevos hospitales inaugurados o en proceso para finales de 2025—, persisten problemas estructurales que afectan la procuración de órganos. “Es inaceptable que la burocracia y las interpretaciones erróneas de la ley frenen un acto de solidaridad que puede salvar vidas”, enfatizó Sheinbaum, al tiempo que instruyó a la Secretaría de Salud para revisar los protocolos y actualizar el Registro Nacional de Trasplantes. Esta iniciativa se alinea con el compromiso de su administración por una salud universal, donde se prioriza la atención primaria y la inversión en especialidades como los trasplantes.

El Cenatra, dependiente de la Secretaría de Salud, juega un rol pivotal en este ecosistema, coordinando la asignación de órganos y promoviendo campañas como la “Carrera por un México Sin Lista de Espera”. Sin embargo, datos recientes indican que la tasa de donación en México se mantiene en solo 4.5 donaciones por millón de habitantes, muy por debajo de países como Uruguay (16.8) o Brasil (14.2), según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estas cifras reflejan no solo un reto cultural, sino también logístico y normativo, donde la Ley General de Salud establece requisitos estrictos para la donación, como el consentimiento familiar en casos de muerte encefálica, pero sin suficientes recursos para agilizarlos en hospitales de todo el país.

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sido uno de los voceros más enfáticos al denunciar las carencias en la extracción de órganos para donación. En declaraciones recientes, Robledo señaló que, pese al incremento del 212% en trasplantes realizados en 2021 —alcanzando 1,791 procedimientos gracias a 75 unidades licenciadas en el IMSS—, persisten deficiencias en equipo médico, capacitación del personal y coordinación interinstitucional que impiden una procuración eficiente. “Tenemos la voluntad de la gente, pero faltan recursos y protocolos claros para que los hospitales no pierdan órganos viables por demoras en la extracción”, afirmó el funcionario, quien abogó por una mayor inversión en el IMSS-Bienestar para extender estos servicios a zonas rurales.

Estas carencias se agudizan en un sistema fragmentado, donde el IMSS, el ISSSTE y hospitales privados operan con presupuestos limitados y sin acuerdos sólidos de colaboración. Por ejemplo, en 2018, la tasa de donación cadavérica fue de apenas 3.94 por millón de habitantes, un crecimiento mínimo del 23% en una década, contrastando con el triplicamiento de la lista de espera (de 4,993 en 2007 a 15,448 en 2018). Expertos como los de la Sociedad Mexicana de Trasplantes (SMT) coinciden en que la falta de especialistas capacitados y la reconversión hospitalaria por emergencias pasadas, como la pandemia de COVID-19, han exacerbado el problema, dejando a pacientes con enfermedades crónicas en un limbo mortal. Robledo propuso diplomados conjuntos con la UNAM para formar coordinadores hospitalarios, un paso esencial para revertir esta tendencia.

Las barreras legales representan uno de los mayores obstáculos para la donación de órganos en México, donde la Ley General de Salud (LGS) exige consentimientos explícitos, evaluaciones médicas exhaustivas y registros en el Cenatra, pero genera confusiones que disuaden a familias y personal médico. Artículos como el 320 al 339 de la LGS regulan la donación de órganos, tejidos y células, prohibiendo explícitamente la extracción de menores vivos salvo médula ósea con autorización parental, y requiriendo que los donantes extranjeros acrediten estancia legal con 15 días de antelación. Sin embargo, estas normas, aunque buscan prevenir abusos como el tráfico de órganos, crean un “laberinto burocrático” que retrasa procesos críticos, según análisis de la SciELO México.

Un ejemplo claro es el requisito de muerte encefálica confirmada por estudios específicos, que demanda recursos no siempre disponibles en hospitales periféricos, lo que resulta en la pérdida de donantes potenciales. Además, la donación dirigida (a familiares) está permitida solo hasta el cuarto grado de consanguinidad, limitando opciones en casos urgentes. Críticos como Gustavo Ortiz Millán, en estudios éticos, argumentan que el modelo de “consentimiento tácito” —donde todos son donadores salvo oposición expresa— no se aplica efectivamente por falta de difusión y confianza pública, agravada por mitos sobre el uso indebido de órganos. La implementación de un Protocolo de Prevención de Responsabilidades Administrativas, lanzado por la Secretaría de Salud y la Función Pública, busca mitigar malas prácticas, pero expertos insisten en reformas para simplificar trámites sin comprometer la ética.